En Rosario tuvo lugar un preencuentro que núcleo a movimientos campesinos de diferentes puntos del país: Córdoba, Salta, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, Formosa, como así también, a organizaciones políticas de diferentes corrientes. El objetivo fue establecer puntos de encuentro para debatir aquello que tiene que ver puntualmente con la actual coyuntura política, económica y social: la propiedad de la tierra y el desarrollo de un modelo agrario, muy distante al que hoy por hoy se sustenta en el monocultivo de soja transgénica para exportación.
Este pre – encuentro también sentó las bases para lo que será la V Conferencia internacional de Vía Campesina (organización internacional que nuclea a movimientos campesinos de todo el mundo), en el mes de octubre y que se desarrollará en Mozambique y la reunión de la región Cono Sur, que tendrá lugar en Rosario entre el 12 y 14 de agosto y donde asistirán delegados de los países sudamericanos y de Vía Campesina Argentina para ajustar las posiciones regionales para la conferencia internacional. Además, del 10 al 12 de agosto se desarrollará la Escuela Latinoamericana de Formación de Mujeres Campesinas y Seminarios de participación abierta sobre: soberanía alimentaria y reforma agraria, territorio como conflicto, agrocombustibles y cambio climático.
Reclamos campesinos
“Tengo el pecho hinchado por este encuentro”, apunto Angel Strapazzon en diálogo con enREDando. Los principales movimientos de Argentina – Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Frente Nacional Campesino, creado recientemente, y las históricas Ligas Agrarias- estuvieron presentes en el salón del Sindicato de Prensa Rosario, debatiendo, compartiendo experiencias y delineando perspectivas conjuntas para asentar los reclamos en el debate actual. “Estamos dando un puntapié, este es un proceso que va a llevar un tiempo. Lo más urgente es tener un grupo de compañeros que trabajen todos estos días para que el Parlamento reciba realmente a los que somos del campo, no a los que viven del campo, que se enriquecen y lucran con el campo. Lo más urgente es que no podemos estar ausentes en el debate parlamentario”, explicó Angel, referente del Mocase Vía Campesina.
El principal reclamo tiene que ver con impulsar seriamente la Ley de Bosques, aprobada en noviembre del año pasado y motorizada por el diputado Miguel Bonasso, “que se paren los desmontes en la Patagonia, en el Gran Chaco Americano, en el NEA, hasta que las provincias no cumplan la reglamentación de ordenamiento territorial”. También, desde los movimientos campesinos promueven la sanción de diversas leyes campesinas para lograr la aprobación de una moratoria a los desalojos de las comunidades, como le fue aprobada a los Pueblos Originarios.
Asimismo, cada movimiento apuntó sus propios reclamos, aunque todos ellos coinciden, por un lado, en la imperiosa necesidad de establecer un modelo agrario diferente al actual, denunciando a viva voz – aunque sean abucheadas en el Parlamento - la realidad cada vez más preocupante de las comunidades y del avance sojero- y por el otro, en la falta de representatividad de Federación Agraria. “No es posible que la plata del programa que manejaba Federación Agraria Argentina en el INTA, en el Programa Social Agropecuario, en el foro de organizaciones de agricultura familiar, no es posible que la manejen quienes no nos representan”.
Este es un aspecto fundamental del reclamo y también de los diversos comunicados de repudio ante el lockaut patronal que emitieron los movimientos campesinos durante estos 100 días. Al respecto, Strapazzon señaló que “los pequeños productores son capitalistas que hacen agro-negocios. Básicamente el modelo del pequeño productor de la FAA aprueba, consensúa, ideológica y económicamente, por tanto políticamente, con los agro-negocios.”
“Las llamadas "entidades del campo" (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO) solo pronuncian los dictados de los agro-negocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que por su alta rentabilidad ha devastado bosques, desalojado comunidades campesinas e indígenas, contaminado suelos y aguas, y aumentado los precios de los alimentos en el mercado interno. Nuestras comunidades se ven diariamente amenazadas por matones y topadoras que responden a esta política del "campo"”, expresó el MNCI en un comunicado emitido el pasado 26 de marzo.
También, desde el Mocase expresaron que “durante el paro patronal, se utilizó como punta de lanza la situación de un “pequeño productor” con 100 hectáreas. En términos puramente económicos: cada hectárea se alquila a 200 pesos por mes, 20 mil pesos cada treinta días, 240 mil pesos al año sólo por alquilar su tierra. Si este propietario es “pequeño productor”, ¿cómo debiera llamarse a una familia campesina o indígena con veinte hectáreas, cien chivas y huerta para autoconsumo?”.
“Nosotros creemos que el gobierno, como muchos de los argentinos, en gran parte tiene una gran ignorancia de lo que es la cuestión campesina verdadera, el verdadero campesino, trabajador y productor de alimentos de la tierra. Campesino es el que pone las manos en la tierra, no Luciano Miguenz. El grupo familiar trabaja directamente la tierra. Es más, en los predios, en los lotes de estas cuatro entidades agropecuarias, gran parte la hacen empleados, trabajadores rurales, y se niegan, la misma FAA, se niega a reconocer derechos laborales, seguridad laboral al peón rural”, denuncia Angel, un militante que desde hace años recorre y pone el cuerpo en la lucha campesina de Santiago del Estero.
Por su parte, en otro documento emitido por las organizaciones campesinas se afirma que en éste último año, “los campos argentinos fueron rociados con 165 millones de litros de glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Las acusaciones apuntan a la mayor semillera del mundo: Monsanto.” Pero claro, de esto no se habla.
En este sentido, vale mencionar algunos datos estadísticos que denuncia, en este caso, el Mocase Vía Campesina. “Lo reiteramos una vez más: el sistema de la SD-sojaRR-herbicida glifosato, destruye 4 de cada 5 puestos de trabajo existentes y sólo crea un puesto de trabajo cada 500-600 has, siendo sólo viables y autosuficientes para este sistema, las explotaciones que superan las 500 has según la región agroecológica. Por el contrario, la economía familiar genera 35 puestos de trabajo genuinos por cada 100has. Pero el gobierno debe saber que salir de la sojización implica antes que nada, redistribuir la tierra y repoblar el territorio nacional devastado por el pequeño poroto”. Esto es lo que, fundamentalmente, se le exige actualmente al gobierno nacional.
El formidable negocio de la soja RR ha avanzo sideralmente desde que fue autorizada por el gobierno de Menem en 1994, destruyendo la biodiversidad de cultivos, producciones y suelo, a causa, entre otras cosas, del sistema de siembra directa.
Tierras concentradas
6900 propietarios son dueñas del 49.7% de la tierra productiva del país y según el Censo Agropecuario de 2002, 936 terratenientes poseen 35.515.000 Has (casi toda la superficie en cultivo), un promedio de 38.000 has c/u. Por el contrario 137.021 agricultores poseen sólo 2.288.000 has, con un promedio de 16.7 has c/u, sostienen en un comunicado desde el Mocase, al tiempo que se denuncia, como realidad inocultable, la enorme cantidad de trabajadores en negro que posee el sector rural. “Son echados sin indemnización y contratados en negro cuando se los necesita, muy poco tiempo por cierto. El hecho que las dos terceras partes de los trabajadores vinculados a la sojización trabajen en negro, tiene que ver a su vez con las necesidades de un negocio que evade impuestos o se realiza mayoritariamente en negro”.
La propiedad de la tierra, hoy en manos de los grandes pooles sojeros, es el debate ausente que impulsa el movimiento campesino en su conjunto, como un aspecto nodal para desarrollar un modelo agropecuario basado en la agricultura familiar. “Nosotros estamos de acuerdo con las retenciones, en la medida que no sea una herramienta de acumulación de poder político para unos pocos”, afirma Angel.
“Creemos que el mejor mecanismo que tiene la Argentina toda de indemnizar los inmensos daños de violación a los derechos humanos que ha hecho el modelo sojero contra miles de familias campesinas, con niños muertos, asesinados, golpeados, encarcelados, mujeres, ancianos, la mejor manera es que por lo menos el 50% de las retenciones sea para poner en marcha un desarrollo rural de la agricultura campesina y de los pueblos originarios”.
Por su parte, desde el Frente Nacional Campesino sostienen que es necesario plantear, a través de políticas de Estado, una seria “defensa de los recursos naturales, sociales, culturales y ancestrales como forma de vida y continuidad de nuestra historia en el fortalecimiento de nuestras economías regionales, la diversificación de la producción, la creación de bancos de semilla y el desarrollo de canales de comercialización alternativos. Nos asumimos como genuinos representantes del sector de los pequeños productores campesinos de la Argentina.”
“Nosotros garantizamos que si esa plata fuera a nosotros y nosotros trabajáramos con los municipios en salud, educación, producción y tecnología renovable, garantizaríamos los alimentos de los argentinos, para que nunca más los pooles de siembra y los grandes conglomerados manejen los precios de alimentos”, apunta Strapazzón. A esto refieren fundamentalmente todas las comunidades cuando defienden, con la vida misma, el concepto de Soberanía Alimentaria. “A nosotros no nos interesa exportar. Queremos vender todo al pueblo argentino, y sino hubiera intermediarios y nosotros tuviéramos nuestras propias ferias francas y de mercado, te puedo asegurar que al consumidor le llega hasta un 70% menos hoy los alimentos.”
Suena a utopía, pero el temperamento y la convicción de los campesinos, unidos a pesar de las diferencias, entusiasma y moviliza hasta al más pesimista. “La expectativa que se abre es correlación de fuerza y acumulación de poder de lucha transformadora. Estamos todos juntos los campesinos indígenas. Guarda, asústense en serio, ahora sí, vamos por ellos, por los poderosos de la guita. Ellos decían que iban por el gobierno, nosotros vamos por ellos. Por ambos, si es necesario.”
Este pre – encuentro también sentó las bases para lo que será la V Conferencia internacional de Vía Campesina (organización internacional que nuclea a movimientos campesinos de todo el mundo), en el mes de octubre y que se desarrollará en Mozambique y la reunión de la región Cono Sur, que tendrá lugar en Rosario entre el 12 y 14 de agosto y donde asistirán delegados de los países sudamericanos y de Vía Campesina Argentina para ajustar las posiciones regionales para la conferencia internacional. Además, del 10 al 12 de agosto se desarrollará la Escuela Latinoamericana de Formación de Mujeres Campesinas y Seminarios de participación abierta sobre: soberanía alimentaria y reforma agraria, territorio como conflicto, agrocombustibles y cambio climático.
Reclamos campesinos
“Tengo el pecho hinchado por este encuentro”, apunto Angel Strapazzon en diálogo con enREDando. Los principales movimientos de Argentina – Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Frente Nacional Campesino, creado recientemente, y las históricas Ligas Agrarias- estuvieron presentes en el salón del Sindicato de Prensa Rosario, debatiendo, compartiendo experiencias y delineando perspectivas conjuntas para asentar los reclamos en el debate actual. “Estamos dando un puntapié, este es un proceso que va a llevar un tiempo. Lo más urgente es tener un grupo de compañeros que trabajen todos estos días para que el Parlamento reciba realmente a los que somos del campo, no a los que viven del campo, que se enriquecen y lucran con el campo. Lo más urgente es que no podemos estar ausentes en el debate parlamentario”, explicó Angel, referente del Mocase Vía Campesina.
El principal reclamo tiene que ver con impulsar seriamente la Ley de Bosques, aprobada en noviembre del año pasado y motorizada por el diputado Miguel Bonasso, “que se paren los desmontes en la Patagonia, en el Gran Chaco Americano, en el NEA, hasta que las provincias no cumplan la reglamentación de ordenamiento territorial”. También, desde los movimientos campesinos promueven la sanción de diversas leyes campesinas para lograr la aprobación de una moratoria a los desalojos de las comunidades, como le fue aprobada a los Pueblos Originarios.
Asimismo, cada movimiento apuntó sus propios reclamos, aunque todos ellos coinciden, por un lado, en la imperiosa necesidad de establecer un modelo agrario diferente al actual, denunciando a viva voz – aunque sean abucheadas en el Parlamento - la realidad cada vez más preocupante de las comunidades y del avance sojero- y por el otro, en la falta de representatividad de Federación Agraria. “No es posible que la plata del programa que manejaba Federación Agraria Argentina en el INTA, en el Programa Social Agropecuario, en el foro de organizaciones de agricultura familiar, no es posible que la manejen quienes no nos representan”.
Este es un aspecto fundamental del reclamo y también de los diversos comunicados de repudio ante el lockaut patronal que emitieron los movimientos campesinos durante estos 100 días. Al respecto, Strapazzon señaló que “los pequeños productores son capitalistas que hacen agro-negocios. Básicamente el modelo del pequeño productor de la FAA aprueba, consensúa, ideológica y económicamente, por tanto políticamente, con los agro-negocios.”
“Las llamadas "entidades del campo" (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO) solo pronuncian los dictados de los agro-negocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que por su alta rentabilidad ha devastado bosques, desalojado comunidades campesinas e indígenas, contaminado suelos y aguas, y aumentado los precios de los alimentos en el mercado interno. Nuestras comunidades se ven diariamente amenazadas por matones y topadoras que responden a esta política del "campo"”, expresó el MNCI en un comunicado emitido el pasado 26 de marzo.
También, desde el Mocase expresaron que “durante el paro patronal, se utilizó como punta de lanza la situación de un “pequeño productor” con 100 hectáreas. En términos puramente económicos: cada hectárea se alquila a 200 pesos por mes, 20 mil pesos cada treinta días, 240 mil pesos al año sólo por alquilar su tierra. Si este propietario es “pequeño productor”, ¿cómo debiera llamarse a una familia campesina o indígena con veinte hectáreas, cien chivas y huerta para autoconsumo?”.
“Nosotros creemos que el gobierno, como muchos de los argentinos, en gran parte tiene una gran ignorancia de lo que es la cuestión campesina verdadera, el verdadero campesino, trabajador y productor de alimentos de la tierra. Campesino es el que pone las manos en la tierra, no Luciano Miguenz. El grupo familiar trabaja directamente la tierra. Es más, en los predios, en los lotes de estas cuatro entidades agropecuarias, gran parte la hacen empleados, trabajadores rurales, y se niegan, la misma FAA, se niega a reconocer derechos laborales, seguridad laboral al peón rural”, denuncia Angel, un militante que desde hace años recorre y pone el cuerpo en la lucha campesina de Santiago del Estero.
Por su parte, en otro documento emitido por las organizaciones campesinas se afirma que en éste último año, “los campos argentinos fueron rociados con 165 millones de litros de glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Las acusaciones apuntan a la mayor semillera del mundo: Monsanto.” Pero claro, de esto no se habla.
En este sentido, vale mencionar algunos datos estadísticos que denuncia, en este caso, el Mocase Vía Campesina. “Lo reiteramos una vez más: el sistema de la SD-sojaRR-herbicida glifosato, destruye 4 de cada 5 puestos de trabajo existentes y sólo crea un puesto de trabajo cada 500-600 has, siendo sólo viables y autosuficientes para este sistema, las explotaciones que superan las 500 has según la región agroecológica. Por el contrario, la economía familiar genera 35 puestos de trabajo genuinos por cada 100has. Pero el gobierno debe saber que salir de la sojización implica antes que nada, redistribuir la tierra y repoblar el territorio nacional devastado por el pequeño poroto”. Esto es lo que, fundamentalmente, se le exige actualmente al gobierno nacional.
El formidable negocio de la soja RR ha avanzo sideralmente desde que fue autorizada por el gobierno de Menem en 1994, destruyendo la biodiversidad de cultivos, producciones y suelo, a causa, entre otras cosas, del sistema de siembra directa.
Tierras concentradas
6900 propietarios son dueñas del 49.7% de la tierra productiva del país y según el Censo Agropecuario de 2002, 936 terratenientes poseen 35.515.000 Has (casi toda la superficie en cultivo), un promedio de 38.000 has c/u. Por el contrario 137.021 agricultores poseen sólo 2.288.000 has, con un promedio de 16.7 has c/u, sostienen en un comunicado desde el Mocase, al tiempo que se denuncia, como realidad inocultable, la enorme cantidad de trabajadores en negro que posee el sector rural. “Son echados sin indemnización y contratados en negro cuando se los necesita, muy poco tiempo por cierto. El hecho que las dos terceras partes de los trabajadores vinculados a la sojización trabajen en negro, tiene que ver a su vez con las necesidades de un negocio que evade impuestos o se realiza mayoritariamente en negro”.
La propiedad de la tierra, hoy en manos de los grandes pooles sojeros, es el debate ausente que impulsa el movimiento campesino en su conjunto, como un aspecto nodal para desarrollar un modelo agropecuario basado en la agricultura familiar. “Nosotros estamos de acuerdo con las retenciones, en la medida que no sea una herramienta de acumulación de poder político para unos pocos”, afirma Angel.
“Creemos que el mejor mecanismo que tiene la Argentina toda de indemnizar los inmensos daños de violación a los derechos humanos que ha hecho el modelo sojero contra miles de familias campesinas, con niños muertos, asesinados, golpeados, encarcelados, mujeres, ancianos, la mejor manera es que por lo menos el 50% de las retenciones sea para poner en marcha un desarrollo rural de la agricultura campesina y de los pueblos originarios”.
Por su parte, desde el Frente Nacional Campesino sostienen que es necesario plantear, a través de políticas de Estado, una seria “defensa de los recursos naturales, sociales, culturales y ancestrales como forma de vida y continuidad de nuestra historia en el fortalecimiento de nuestras economías regionales, la diversificación de la producción, la creación de bancos de semilla y el desarrollo de canales de comercialización alternativos. Nos asumimos como genuinos representantes del sector de los pequeños productores campesinos de la Argentina.”
“Nosotros garantizamos que si esa plata fuera a nosotros y nosotros trabajáramos con los municipios en salud, educación, producción y tecnología renovable, garantizaríamos los alimentos de los argentinos, para que nunca más los pooles de siembra y los grandes conglomerados manejen los precios de alimentos”, apunta Strapazzón. A esto refieren fundamentalmente todas las comunidades cuando defienden, con la vida misma, el concepto de Soberanía Alimentaria. “A nosotros no nos interesa exportar. Queremos vender todo al pueblo argentino, y sino hubiera intermediarios y nosotros tuviéramos nuestras propias ferias francas y de mercado, te puedo asegurar que al consumidor le llega hasta un 70% menos hoy los alimentos.”
Suena a utopía, pero el temperamento y la convicción de los campesinos, unidos a pesar de las diferencias, entusiasma y moviliza hasta al más pesimista. “La expectativa que se abre es correlación de fuerza y acumulación de poder de lucha transformadora. Estamos todos juntos los campesinos indígenas. Guarda, asústense en serio, ahora sí, vamos por ellos, por los poderosos de la guita. Ellos decían que iban por el gobierno, nosotros vamos por ellos. Por ambos, si es necesario.”
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